Por Raquel Ahumada desde Comodoro Rivadavia.
El caso policial
Valeria Schwab solía recorrer el paseo costero de Comodoro Rivadavia. Disfrutaba de realizar actividad física y salir a caminar. Como muchas mujeres, estaba acostumbrada a avisarle a sus conocidos sobre su recorrido.
El 13 de enero, cerca de las 23 horas, intercambió mensajes para indicar que estaba regresando. Media hora después, al no obtener respuesta, sus familiares comenzaron a buscarla.
El cuerpo de Valeria fue hallado durante la madrugada del miércoles 14 de enero en una zona de barrancos ubicada al costado de la ruta nacional N.º 3, entre el cerro Chenque y el mar.
A partir de ese momento comenzó la búsqueda de respuestas. Jessica, hermana de Valeria, asumió el rol de vocera de la familia y convocó a una manifestación por justicia que reunió a más de cinco mil personas y se convirtió en una de las marchas más multitudinarias de los últimos años en la ciudad. En los días posteriores se realizaron nuevas movilizaciones masivas.
Jessica, hermana de Valeria, convocó a una manifestación con más de 5 mil personas y se convirtió en una de las marchas más multitudinarias en años.
El 10 de febrero, integrantes del Ministerio Público Fiscal confirmaron que el responsable del femicidio fue Jonathan Chacano,de 34 años, quien se suicidó al día siguiente del crimen.
Las fiscalía determinó que hubo abuso sexual y la evidencia biológica confirmó la autoría de Chacano, con material genético hallado bajo las uñas de Valeria Schwab. Sin embargo, esta confirmación llegó casi un mes después, porque las muestras genéticas debieron ser enviadas a Bariloche para su análisis.
“No puedo creer que una persona haya podido hacerlo todo sola, nadie lo cree. Un ADN puede ser un dato, pero no es toda la verdad”.
Jessica Schwab
Jessica sostuvo que las pruebas de ADN acreditan un contacto biológico, pero no permiten reconstruir en su totalidad lo ocurrido. “No puedo creer que una persona haya podido hacerlo todo sola, en realidad nadie lo cree. Un ADN puede ser un dato, pero no es toda la verdad. No explica lo que falta, no responde a las preguntas que siguen abiertas”, explicó en un video publicado en redes.
Por este motivo, decidió presentarse como querellante en la causa. De manera pública, reclamó que se profundicen todas las líneas de investigación y no se descarte la participación de otras personas. Además solicita ampliaciones de pruebas genéticas y pericias, para esclarecer cualquier interrogante.
¿El espacio público es un lugar para todos?
Los días posteriores, familiares de Valeria denunciaron en los medios la falta de iluminación en la zona. Así el discurso público y mediático se centró en la necesidad de instalar luminarias y sacar de la zona a personas que viven en situación de calle.
El intendente Othar Macharashvili pidió al Gobierno de la Provincia, a través de un posteo en X, “mayor presencia policial con el equipamiento que corresponde, más prevención y más seguridad en las calles”.
No se mencionó que las mujeres y diversidades son las primeras en experimentar la invasión y agresión de sus cuerpos. Además, nuestras ciudades no están pensadas para que las mujeres circulen con libertad y seguridad. El espacio público no es neutral.
Valeria Velásquez es trabajadora social, forma parte de la Multisectorial Feminista de Comodoro Rivadavia y la Cátedra Libre de Derechos Humanos de la Universidad Nacional de la Patagonia. Velásquez reflexionó sobre el hecho para este reportaje. “Lo que trajo este caso fue visibilizar situaciones más profundas, que la violencia de género trasciende la clase, la etnia o el lugar donde uno circula. Hay muchos prejuicios de que esto sucede en poblaciones más vulnerables, empobrecidas, en zonas sin iluminación o sin seguridad”. De este modo, enfatizó que la violencia de género le puede suceder a cualquier mujer, niña o dolescente en cualquier contexto.
Soledad Cañumil, que integra Socorro Rosa Rabiosa, una organización feminista de Comodoro Rivadavia, también cuestionó el rol punitivista del Estado: “no alcanza con un pedido de mayor seguridad, de más efectivos policiales; únicamente encararlo desde ese lugar.” Para Cañumil es necesario “poder ver que en tanto las mujeres sigamos ganando menos que los hombres, tengamos menos posibilidades de trabajo, de acceder a una vivienda propia, de tener independencia; en tanto sigamos siendo juzgadas por la forma en que vivimos, le estamos dando legitimidad a formas de violencia gravísimas, como los femicidios o los abusos sexuales”.
¿Por qué fue un femicidio?
Según la Organización de Naciones Unidas, el femicidio es la manifestación más extrema y brutal de violencia contra las mujeres y niñas, que ocurre en un continuo de formas múltiples y relacionadas de violencia, en los hogares, los lugares de trabajo, las escuelas o los espacios públicos. No se trata de un impulso emocional: constituye una grave violación a los derechos humanos.
La ya citada Soledad Cañumil, que también es docente, explicó por qué este tipo de violencia es de carácter estructural. “Desde los feminismos entendemos las violencias de género desde una perspectiva social, que significa no individualizar estas violencias, sino ver cómo se van entramando en nuestra sociedad. Muchas veces se dice que son violencias estructurales, y es importante destacarlo porque significa que las causas de este problema son históricas, se han ido construyendo a través de los siglos”, afirmó.
A ese entramado, agregó Cañumil, se suma la explotación de los cuerpos de las mujeres, la invisibilización del trabajo reproductivo dentro de los hogares y la sobrecarga de las tareas de cuidado.
“La violencia machista se basa en el desprecio hacia las mujeres, pero también en un conjunto de violencias cotidianas, más pequeñas y sutiles, que van generando márgenes de impunidad para las más graves”, explicó. En ese sentido, mencionó prácticas como el acoso, el maltrato verbal, la violencia psicológica, la violencia política y las distintas formas de violencia simbólica, entre ellas los estereotipos, los roles de género y los mandatos sociales.
A nivel normativo, el 14 de noviembre de 2012, la Ley N.º 26.791 incorporó al Código Penal el femicidio como figura agravante del homicidio. Cuando la muerte ocurre en un contexto de desigualdad de poder, dominación, control o violencia ejercida por un varón hacia una mujer por su condición de tal.
Al respecto, la antropóloga y activista feminista Rita Segato argumenta que el asesinato de mujeres es un mecanismo para mantener el poder del orden patriarcal. Desde esta perspectiva, la teoría del femicidio busca resaltar su carácter de “crimen de odio” como los racistas u homofóbicos.
Ley 26.791. Para que sea un femicidio no es necesario que exista una relación de pareja: alcanza con que el crimen esté atravesado por violencia machista.
¿Alcanza con pedir más policía?
“El Estado ha dejado políticas públicas fundamentales para la erradicación de la violencia de género y ha hecho recortes de recursos a nivel nacional, provincial y municipal en materia de violencia de género, esto nos ha colocado en una situación de mucha más vulnerabilidad”, sostuvo Velásquez.
El Estado hizo recortes en políticas públicas para combatir violencia de género tanto a nivel nacional como provincial y municipal.
El resultado: aún más vulnerabilidad.
En este sentido, Cañumil agregó: “no es únicamente aportar fuerzas de seguridad o de represión, sino que es todo lo vinculado al diseño de políticas públicas en un amplio espectro. Con Educación Sexual Integral, con jornadas como Educar en Igualdad, que hoy por decreto han sido levantadas, declaradas no obligatorias, luego de muchos años trabajados para que estas políticas ingresen a las escuelas, permanezcan, se profundicen”. De este modo, destaca la importancia del rol estatal “para que podamos pensar en vidas libres de violencia y no únicamente con mayor presencia policial, que además muchas veces puede ser totalmente contraproducente”.
Velásquez añadió que desde la Multisectorial Feminista también se hizo un llamado a la plena aplicación de la Ley Micaela. “No olvidemos que esta es una ley imprescindible para formar a funcionarios, actores y profesionales que intervienen en situaciones de violencia de género y es necesario que el Estado garantice su cumplimiento”, señaló.
Desde ese espacio, además, se reclamó por mayor presupuesto en materia de emergencia de violencia de género.
Hoy en Argentina se registra
un femicidio cada 29 horas.
En el ámbito municipal, durante 2024 la ejecución presupuestaria de la Secretaría de la Mujer, Género, Juventud y Diversidad fue de 1.400.447.826 pesos. El principal gasto correspondió a personal, con 1.204 millones, mientras que al rubro funcionamiento se destinaron 113 millones de pesos.
Estas cifras adquieren otra dimensión al observar que, en el mismo período, la Secretaría General de Comunicación y Relaciones Institucionales ejecutó un total de 2.309.957.877 pesos, de los cuales 1.258 millones fueron destinados a personal y 991 millones a gastos de funcionamiento, categoría que incluye la pauta publicitaria, montos transferidos a distintos medios de comunicación.
Comodoro: en 2025, sólo en pauta publicitaria
se ejecutaron 310.831.420 pesos.
¿Cómo mostrar las violencias de género para denunciarlas, pero sin contribuir a que se multipliquen?
Durante la cobertura, los medios de comunicación de la ciudad brindaron un tratamiento sensacionalista y dramático. El femicidio fue incluido como un caso policial más, con énfasis en cuestiones de seguridad. Presentado como un hecho aislado, descontextualizado y privado.
En ese marco, no se consultó a personas capacitadas para brindar explicaciones contextualizadas. Las únicas voces citadas fueron familiares, fiscales y funcionarios públicos. Tampoco hubo explicaciones sobre los orígenes de la violencia machista, ni se brindaron herramientas de prevención.
Además, en el apuro por “primerear”, varios portales publicaron la identidad del femicida antes de que la información fuera corroborada por fuentes oficiales. También difundieron la existencia de abuso sexual, sin tener el resultado pericial.
Durante una conferencia de prensa, la Fiscal María Laura Blanco advirtió sobre las consecuencias de estas divulgaciones: “Si bien todo indicaba que era Chacano el autor, lo que no sabíamos era si había estado solo. Divulgar esa información, realmente si hubiera habido otra persona, era muy perjudicial para la investigación”. En esta misma línea, Velásquez aportó a la reflexión al señalar que “lo que se transmite a través de los medios, muchas veces entorpece la investigación, revictimiza a las familias y propicia la discriminación y los prejuicios hacia las mujeres y grupos vulnerables, como las personas en situación de calle”.
“Lo que se transmite a través de los medios “muchas veces entorpece la investigación, revictimiza a las familias, propicia la discriminación y los prejuicios hacia las mujeres y grupos vulnerables, como las personas en situación de calle”, agregó la fiscal Blanco.
Los medios de comunicación, además de reflejar la realidad, inciden en su construcción social.
