Se multiplican las manifestaciones para exigir la libertad de los vecinos Naum Vargas y Damián Díaz, detenidos el viernes pasado tras ser condenados por su participación en el Chubutazo de 2021, cuando miles de defensores del agua y el territorio manifestaron en contra de la aprobación de la ley que habilitaba la megaminería en nuestra provincia, la cual finalmente fue derogada por la masiva movilización que, como el río, se extendió desde la cordillera hasta el mar. Un día antes de la mencionada condena, Lautaro Martínez -uno de los imputados- apareció muerto en su casa: en la sentencia fue absuelto “por falta de pruebas”.

La convocatoria en Puerto Madryn forma parte de las manifestaciones que la comunidad viene realizando para exigir la libertad de Damián y Naúm, y en repudio a los jueces que ejecutaron “una causa trucha al servicio de las mineras”, tal como destaca el comunicado de la convocatoria por los detenidos.
“Luchar por el agua no es delito”, la consigna que se gritó en las calles.
La criminalización de la protesta intenta opacar el cuarto aniversario del día en que el pueblo logró la derogación de la ley minera, con miles en las calles.



En este contexto la Cámara Penal de Trelew, integrada por los jueces César Zaratiegui, Alejandro De Franco y Adrián Barrios, fue la que confirmó las condenas a las personas criminalizadas por los daños producidos en diciembre de 2021 en el marco del levantamiento social recordado como el Chubutazo. El fallo de primera instancia fue firmazo por la jueza Eve Ponce tras una investigación denunciada de irregular por parte de la fiscal Florencia Gómez.
“Los procedimientos de detención se concretaron en un marco de hostigamiento hacia otros vecinos que forman parte de la red de apoyo de quienes están siendo perseguidos judicialmente por los hechos de diciembre de 2021. Hubo autos siguiendo a uno de los jóvenes mientras se dirigía a la seccional policial, al tiempo que en el caso de la otra persona detenida, el testigo en el procedimiento fue una persona que descendió de un vehículo de investigaciones policiales”, detallaron vecinas que vienen acompañando a los compañeros durante todos estos años de criminalización y que el día de la detención se acercaron para resguardar su integridad.
El resguardo de su integridad y pronta libertad es el pedido de las asambleas sociambientales y de cada vecino que formó parte del Chubutazo, pero también de organizaciones sociales y sindicatos como la Asociación permanente por los derechos humanos de Esquel- Trevelin, la Asociación de docentes universitarios de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB), y sindicatos como el Sindicato Unidos Porturarios Argentinos (SUPA), entre otros sectores.
Adjuntamos la nota de nuestro compañero Fabricio Cardelli para Revista Cítrica, donde podés conocer el proceso judicial al que fueron sometidos los vecinos que se manifestaron (junto a otras miles de personas) en diciembre de 2021, hecho calificado como “infame, sin pruebas y a pedido de los gobiernos presionados por las mineras.” Nos unimos al reclamo de libertad a los presos por luchar. Y recordamos a Lautaro Martinez, uno de los procesados en el juicio, quien un día antes del fallo de primera instancia, el 22 de abril pasado, fue hallado sin vida en su casa. Al otro día, la jueza Ponce lo absolvió: no había contra él pruebas suficientes.
Luchar en defensa del agua no es delito.






