El Coihue es uno de los parajes rurales en los que se organiza el vastísimo ejido de Epuyén. El municipio cordillerano, que viene siendo castigado por los incendios forestales de interfase en los últimos dos años, cuenta con uno de los ejidos más grandes de la Comarca Andina del Paralelo 42°. Como tal, linda en varios de los lados de su polígono con “la compañía”, como suelen nombrar los pobladores a la empresa actualmente administrada por el Grupo Benetton -la Compañía de Tierras del Sud, anteriormente conocida por sus siglas en Inglés: ASLCo, Argentine Southern Land Company- y que concentra cientos de miles de hectáreas en la región.
El paraje El Coihue está marcado por varios eventos, que tensionan los modelos de progreso y desarrollo en la región: la inauguración y la reciente ampliación de la estación transformadora que abastece de energía eléctrica a toda la Comarca Andina, o la pavimentación de la ruta 70 camino a El Maitén, son algunos de ellos. La privatización de las costas de la laguna Chulta por parte de la estancia Las Mercedes (propietaria a su vez de un cateo de cobre diseminado en el cerro que da nombre al paraje) es también parte de esa historia.
Hoy las familias de la escuela del paraje denuncian un abandono histórico al que ahora se suman el intento de cerrar un cargo, la negativa a inscribir estudiantes de otros parajes rurales y la decisión de virtualizar la enseñanza en un paraje devastado por el fuego. El incendio que comenzó el lunes 5 de enero de este año en cercanías a Puerto Patriada (a unos 35 km del paraje) seguramente dejará una huella imborrable: el jueves 8 de enero, por la tarde, el fuego que avanzaba hacia el este en el faldeo sur del cerro Pirque cruzó la ruta nacional 40 a la altura de La Angostura e invadió el paraje El Coihue. Varias viviendas fueron arrasadas por las llamas, pero también lo fueron los campos y las instalaciones productivas de familias campesinas, emprendimientos turísticos, forestaciones improductivas y, claro, muchísimas hectáreas de bosque nativo.
La mayor preocupación del Comité de Emergencia para el paraje fue esa pieza de infraestructura básica para toda la comarca andina: la estación transformadora de El Coihue, cuyas obras de ampliación habían sido inauguradas apenas unos meses atrás, y que abastece de energía eléctrica a toda la Comarca Andina -incluida la localidad de El Bolsón en la vecina provincia de Río Negro.
Educación rural e intercultural en contexto de emergencia ígnea
A pocos metros de la estación transformadora, del otro lado de la ruta provincial 70, está emplazada la escuela del paraje: la Escuela Rural Nº 58 “Santa Rosa de Lima”, fundada el 30 de abril de 1949. En los archivos de la escuela puede leerse buena parte de la historia del paraje. A esa tarea se volcó el profesor Pablo Gatti en 2005, cuando relevó los datos de matrícula de la escuela para conocer las dinámicas poblacionales asociadas a otro de los eventos traumáticos de la historia local: la aplicación del “rifle sanitario” sobre el ganado de los pobladores del paraje por un supuesto brote de aftosa (“único en la historia del lugar”, comenta Gatti), en la previa a la adjudicación de las tierras del sector a una empresa forestal que llevó adelante la tala rasa del bosque nativo y la implantación del pino entre 1973 y 1980. Las relaciones entre el Estado, los pobladores rurales y las familias notables han ido marcando la historia del paraje, y la escuela ha sido uno de los escenarios de esas tensiones.
La 58 es la única escuela rural de Epuyén. En la práctica, esa denominación se traduce en algunas características específicas, como la agrupación plurigrado y un calendario académico con período especial. El portal web del ministerio de educación provincial explica sobre esto último que “algunos establecimientos del interior provincial presentan un calendario diferente al resto de las escuelas e inician las clases de manera anticipada, ya que el receso invernal es más extenso por las inclemencias del tiempo en la región”, e indica: “En total, son nueve las instituciones educativas que cuentan con un calendario especial de clases: las escuelas N° 25 de Villa Futalaufquen; 58 de El Coihue; 60 de Ranquil Huao; 69 de Cushamen; 90 de Leleque; 97 de Atilio Viglione; 99 de Costa de Lepá; 717 de Lago Puelo y 740 de Trevelin”. La mayor parte de esas instituciones, como la 58, tiene modalidad intercultural e incluyen en su plantel docente figuras de pueblos originarios consagradas por la ley de Educación de la Provincia del Chubut Nº 91/10.
La entrada en la web de la cartera educativa que da cuenta de la apertura del ciclo escolar de este año (las clases comenzaron el pasado 26 de enero para las escuelas con período especial) comunica a su vez, en el último párrafo, la decisión adoptada por el gobierno provincial respecto de las escuelas afectadas por los incendios forestales en curso: “en el marco de la Emergencia Ígnea declarada por el Ejecutivo Provincial y los incendios forestales que afectan a la región cordillerana, las escuelas 25, ubicada dentro del Parque Nacional Los Alerces, y 58, perteneciente al ejido de Epuyén, mantendrán encuentros de carácter virtual y, más adelante, se evaluará de qué manera continúa la actividad escolar”.
“No tenemos electricidad ni internet”
A raíz de la notificación vía whatsapp por parte de la dirección escolar de las decisiones adoptadas por el ministerio en relación con su escuela, el pasado jueves 5 de febrero familias de la comunidad educativa se movilizaron 40 kilómetros hasta la supervisión escolar en Las Golondrinas, Lago Puelo. Allí, acompañadas por referentes de la conducción regional del sindicato docente ATECh y de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos) del Noroeste del Chubut, lograron entrevistarse con la supervisora suplente para plantear su disconformidad y entregar una nota en la cual dejaron por sentado los principales reclamos. Apenas dos días después la dirección notificaba la marcha atrás en el cierre del cargo.
Frente a la falta de motivos claros -y de notificación oficial- para el cierre del cargo de maestra, dispuesto tras la jubilación de una de las integrantes del plantel docente de la escuela, el clima de la reunión se fue caldeando -en buena medida por la vaguedad de la respuesta oficial, que fue dejando claro un fuerte desconocimiento de la supervisora respecto de la realidad de la escuela en cuestión.
Poco a poco, las familias fueron cayendo en la cuenta de dos tristes verdades que atestiguan una vez más la precariedad de las relaciones entre Estado y comunidad en el paraje: por un lado, la autoridad competente destacó que el Ministerio de Educación participa del Comité de Emergencia por los incendios, demostrando que las decisiones se tomaron en pleno conocimiento de la situación del paraje, sin siquiera disimular la desidia que implican; por otra parte, finalmente reconoció no sólo ser la firmante de la disposición que solicita la baja del cargo sino que ratificó que dicha orden era del 19 de enero, cuando el fuego ya había quemado las casas de los vecinos del paraje, y las familias que ahora tenía enfrente estaban -literalmente- apagando el fuego en sus chacras.
A la vez, se planteó la imposibilidad de virtualizar los encuentros escolares en el contexto actual, dado que -si bien la estación transformadora está nuevamente en funcionamiento tras el paso del fuego por el paraje, y los tendidos eléctricos de media tensión afectados por el mismo han sido reparados- buena parte de las chacras y campos sufrieron la pérdida de sus instalaciones internas y las familias no tienen acceso a electricidad; esto, a su vez, imposibilita también el acceso a internet en una zona que ya de por sí tiene un acceso restringido. En este sentido, las familias recordaban que el intento de implementación de clases virtuales durante la pandemia de COVID-19 fracasó por la poca cobertura de internet que hay en la zona.
Política de la crueldad
¿Cómo se entiende tamaña brecha entre un gobierno y la gente del territorio que dice gobernar? ¿Qué lugar queda para el diálogo cuando hay que sacar por mentira verdad la fecha en que se tomó una decisión? En el medio, hay que hacer lugar para la memoria reciente.
En febrero de 2025, hace apenas un año, las familias de la ENI (Escuela de Nivel Inicial) Nº 476 de Epuyén reclamaban una reunión con la supervisora del área frente al cierre de dos salas y la eliminación del cargo de secretaría en el jardín de infantes del pueblo que venía de afrontar el peor incendio forestal de interfase de su historia, que había dejado más de 70 familias sin casa.
“No estamos bien desde el 15 de enero, esto fue de público conocimiento, debido al incendio que vivimos. La situación se agravó el viernes pasado, cuando asistimos a la primera reunión del jardín y nos enteramos que cerraron dos salas, se eliminó el cargo de secretaria, y hay una lista de espera de chicos de 3 años pero no nos explican por qué quedaron afuera. Las infancias de 3 años fueron las más afectadas por el incendio, y decidieron dejarlas afuera”, declaraba a los medios una de las madres del jardín.
El recorte, basado en una normativa que homogeniza las realidades de las escuelas de las diferentes regiones de la provincia y exige el mismo nivel de matrícula a una escuela de una ciudad de 150 mil habitantes que a un pueblo de tres mil, parecía desconocer completamente el contexto en el que se encontraba la comunidad afectada. Un año después, y ante la misma cantinela, cabe preguntarse si efectivamente se desconocen o se toman decisiones justamente en función de ese contexto. En el caso de la ENI 476, la decisión no sólo no se revirtió sino que el ministerio tomó revancha contra el equipo docente con sumarios y amenazas, como viene ocurriendo en otras escuelas de la provincia desde que el ministerio está bajo la férrea conducción de José Luis Punta.
Contra la ruralidad
Junto con la disposición de cierre del cargo docente y la virtualización de las clases en un paraje sin luz, agua, ni internet, el ministerio de educación niega la inscripción a las familias que no son del paraje. En la comunicación enviada por la directora a las familias queda explícito que se prohíbe la inscripción en la escuela de niñeces que habiten cualquier otro de los parajes de la localidad de Epuyén, o de las localidades vecinas, como El Maitén o El Hoyo. Tres familias dieron testimonio a este cronista de que cuando intentaron hacerlo mediante la aplicación Dino del gobierno provincial se encontraron con esa traba al momento de cargar sus domicilios.
Como explicaban las familias, no sólo se toma la decisión de dar de baja un cargo antes de culminar el período de inscripciones, sino que además se limita la posibilidad de inscribirse en la única escuela primaria rural de período especial de todo Epuyén al radio de un único paraje rural. De esta manera, pobladores de La Rinconada, El Minas, El Pedregoso y otras zonas aledañas, se ven obligados a mandar a sus hijos a las escuelas del pueblo, o -si su realidad familiar se los impide, por las características de su trabajo rural o de los lugares que habitan- dejarlos como pupilos en alguna de las escuelas con internado de la región.
“Estas decisiones conducen al cierre de escuelas”, manifestó un integrante de la APDH Noroeste del Chubut que acompañó a las familias. La supervisora le contestó que no se ha cerrado aún ninguna escuela, olvidándose tal vez de los establecimientos educativos de Piedra Parada y El Turbio (hoy convertidos en Plantas Educativas al servicio de la dirección de Educación Física) y del desfinanciamiento generalizado a la educación rural con uno de los principales puntales en los golpes constantes al sistema de itinerancia en el interior provincial.
La comunidad educativa de la escuela Nº 58 ha dado un paso adelante para evitar el recorte. Es una comunidad que conoce de muchos intentos por aislar y ahogar su matrícula, y desde hace décadas ha dado luchas para garantizar el transporte escolar y las adecuaciones edilicias de su espacio educativo. Las familias dejaron en poder de la supervisora suplente una carpeta con el archivo de trámites efectuados en los últimos 20 años, que la funcionaria se comprometió a revisar.
El avance contra la educación rural ha sido documentado en reiteradas oportunidades como una de las políticas que acompañan los procesos de despoblamiento de territorios en conflicto. Con más de cien casas consumidas por el fuego en los últimos dos años, con los cauces de agua contaminados por la ceniza y el grueso de su producción rural arrasada; con el golpe al modelo de desarrollo económico basado en el turismo, con sus cerros otrora verdes teñidos de gris, Epuyén es hoy un territorio en conflicto.
El pueblo de la Comarca Andina viene mostrando que el conflicto se gestiona y se atraviesa con organización y solidaridad, apuntalando la comunidad. Ahora bien, si mientras la comunidad hace guardias de ceniza las autoridades aprovechan para recortar recursos (que son hoy más necesarios que nunca), ¿a qué sectores buscan beneficiar esas autoridades?
