en colaboración con Territorios en Resistencia, programa emitido por FM Alas – El Bolsón.
El lunes 13 de abril se llevó adelante una audiencia preliminar en el juicio penal contra Hugo Víctor Araneda, quien -según la denuncia- hace dos años atacó en su domicilio al militante por el libre acceso al lago Escondido, Raúl “Yuyo” Brigues. Brigues es propietario de un reconocido restaurante en el paraje el Foyel, ubicado casi frente al acceso al camino conocido como “Tacuifi”, acceso público al espejo de agua dictaminado por el Poder Judicial, que se mantiene obstruido por el inglés Joe Lewis. Una enorme reja metálica corrediza impide a quien quiera hacer uso del camino autorizado por la justicia rionegrina avanzar más allá del cruce con la Ruta Nacional 40.
“Esto que sucedió la agresión a mi persona, que vino acá a mi casa, fue en febrero del 2024, el 18 de febrero del 2024”, contó Brigues al aire de Territorios en Resistencia, por FM Alas. “Pero hay que enmarcarlo con anterioridad, por lo menos en los hechos que se sucedieron en la marcha anterior [por el libre acceso al Lago Escondido organizada por FIPCA] del 2023, donde hubo mucha gente lastimada y afectada, de los cuales uno de los que estaban imputados en principio era Hugo Víctor Araneda”, recordó.
“Decía que fue imputado en principio, pero no se pudo demostrar. No existieron las pruebas necesarias para que él fuera procesado. Después hubo una condena sobre otras personas que sí llegaron a un proceso. Algunas arreglaron con un juicio abreviado, y en el caso de la policía, Helvecia Hernández, ella fue condenada porque ya había tenido un proceso anterior en el 2020 agrediendo a Sandra Contreras [dirigente de ATE El Bolsón]. En el caso de Araneda, vuelvo a repetir, no se pudo comprobar, entonces quedó afuera de este expediente y no pudo ser juzgado”.
Los hechos
“Ahora bien, al año siguiente, el 14 de febrero, se realiza una actividad justamente acá en frente de mi casa, en el portón de Tacuifi. En esta oportunidad, los militantes, que se llenó, llegaron a la otra punta del paraje y de allí vinieron caminando al portón, hicieron la actividad, creo que eran tres centrales obreras, me parece que estaban participando (CTA-ATE, CTA Autónoma y CTA de los trabajadores), terminaron el acto y se fueron. Cuatro días después, aparece este hombre un domingo a la noche, me golpea la ventana en horario nocturno, yo estaba solo en ese momento en el salón comedor, que da la ventana al deck comercial, o sea que es donde tengo el restaurante, y me golpea la ventana, me habla y yo le digo que no lo entiendo, que está cerrado en principio, bueno, la cuestión que insiste, me habla un par de palabras más y salgo porque la verdad que no lo reconocí, no tenía su cara. Salí para preguntarle a ver qué pasaba, inmediatamente se acercó, se me pegó al lado y casi sin mediar palabras me preguntó si no me acordaba de él, si no sabía quién era, y directamente me golpeó; me pegó una paliza bastante contundente y me quebró el tabique en dos partes, me lesionó los meniscos de la rodilla izquierda y se me aflojaron todas las piezas inferiores dentales que yo tenía una prótesis con mis dientes propios (bueno, hace pocos días me los tuve que extraer a todos porque justamente me los terminó aflojando). En ese momento salí a buscarlo con mi compañera que escuchó la situación y se acercó y vio la última etapa y no lo pudimos encontrar. Así que hice la denuncia, intenté hacer las denuncias en las comisarías de unos destacamentos locales de Villegas y de acá de Foyel y me tuve que trasladar al hospital porque no paraba el sangrado de la nariz. Quedé internado una noche en observación y al otro día a la mañana recién hice la denuncia en fiscalía”, relató Brigues en la previa de la audiencia.
Araneda al banquillo
A partir de la denuncia realizada en fiscalía, comenzó un proceso de investigación que derivó en una formulación de cargos a partir de las pruebas aportadas por el cuerpo de abogados que patrocina a Brigues, y se llegó al juicio penal que debería haber iniciado esta semana. La primera audiencia, finalmente, sirvió para dirimir una cuestión previa planteada por la defensa. “Llegamos a la instancia del juicio oral, la Fiscalía de Bolsón decide ser parte de la querella y acusadora junto con los tres abogados que me patrocinan, que son: Maximiliano Geidó, de APDH del Bolsón, Andrea Reile de la Liga de los Derechos Humanos que viene de Fisque Menuco y el doctor Martín Palumbo que viene de Cinco Saltos”, explica Brigues.
Si bien en un primer momento la estrategia defensiva de Araneda pasó por negar su participación en el hecho, en la semana previa al inicio del proceso pidieron la suspensión del juicio a prueba. Según los abogados querellantes, esta decisión guarda relación con la contundencia de la prueba aportada, ante la cual Araneda no podría negar los hechos. Según Reile y Palumbo, este beneficio solicitado por la defensa “contempla sanciones menores, extingue la acción penal sin dejar registro de sus antecedentes violentos, y no implica la aceptación de culpabilidad”.
El juez Sergio Pichetto no concedió el pedido de juicio a prueba del acusado, pero la defensa impugnó esa decisión. Ahora la fiscalía debe definir si acompaña o no el pedido de impugnación de la defensa. La cuestión se debe dirimir antes del lunes 20 de abril.
Un freno a la violencia
A pesar de que la fiscalía de El Bolsón señaló que el acusado está en condiciones de acogerse al beneficio de juicio a prueba por carecer de antecedentes penales, el juez Pichetto falló en contra del demandado señalando que hay un trasfondo político en el hecho. “No fueron dos personas que discutieron en la calle. Tiene que ver con una cuestión ideológica, no es algo circunstancial”, definió el magistrado.
En este sentido, el denunciante señaló que “llegamos a esta instancia con un fuerte acompañamiento de muchos sectores tanto de la Comarca Andina como de Bariloche y me atrevo a decir un poco más, o sea que este juicio, si lo llegamos a poder condenar es un juicio colectivo. Quiero destacar que no es un hecho aislado personal, un hecho de violencia doméstica o vecinal, sino es un hecho que tiene un profundo trasfondo político. Aquí hay un reclamo y a mí y a muchos se nos quiere silenciar y la violencia es una herramienta para ello. Yo no sé quién lo envió o si actuó por motus propio, pero todo pareciera ser que alguien le cargó la romana. Pueden ser mis vecinos de acá enfrente, como puede ser el poder político local, como puede ser el provincial o directamente el poder económico-regional. Entonces lo que quiero recalcar es que todo este acompañamiento y el resultado va a ser producto de un reclamo colectivo. No es un hecho mío personal contra un determinado individuo”.
El prontuario impune de Araneda
El nombre y la estampa de Hugo Víctor Araneda se han vuelto públicos en El Bolsón por sus intervenciones violentas en numerosos episodios de represión paraestatal de la protesta social. El 21 de noviembre de 2021 la comunidad Quemquemtrew de Cuesta del Ternero fue atacada a balazos por Martín Feilberg y Diego Ravasio, que terminaron con la vida del joven Elías Garay; esa noche, una multitud que se manifestaba en las calles céntricas de la localidad cordillerana fue abordada por un grupo de hombres a caballo que atacaron a los manifestantes con rebenques, chuchillos y armas de fuego. Al día siguiente el intendente Bruno Pogliano (JSRN) salía en los medios locales agradeciendo a “los gauchos patriotas” que habían llevado adelante la represión ilegal. Además de funcionarios municipales de primera línea, esa noche se pudo identificar a Araneda comandando las acciones violentas contra la manifestación popular.
En febrero de 2023, Araneda fue parte de una patota de hombres de a caballo que atacaron a los manifestantes de la 4ta marcha por el Libre Acceso al Lago Escondido organizada por FIPCA, al momento de alcanzar el último tramo del camino conocido como Tacuifi. Si bien Araneda fue borrado del expediente por falta de pruebas, él mismo se encargó de vanagloriarse en sus redes sociales por la violencia propinada hacia las y los manifestantes.
Más recientemente, Araneda comandó el grupo de hombres montados a caballo que dispersó con amenazas y rebencazos a las y los vecinos que se manifestaban frente a la comisaría N.º 12 de El Bolsón ante la detención arbitraria de brigadistas comunitarios durante el incendio forestal de Mallín Ahogado, en enero de 2025. Al respecto, Brigues señaló: “esperemos que haya una condena un poquito más dura que le pueda poner freno a este tipo, que se siente a este y a otros que se sienten muy impunes porque vimos todos claramente lo que sucedió también el año pasado ante el reclamo en la comisaría de El Bolsón donde pretendían en una cacería de brujas que había metido en cana a brigadistas voluntarios y este tipo salió impunemente delante toda la policía a pegar a mansalva con el rebenque y parecía que la policía lo protegía, o parecía no, lo protegía”.
Los vínculos con el poder local
El entramado que conecta la defensa de los intereses de Joe Lewis, Hidden Lake y Tavistock Group con las patotas de las que participa y a veces lidera Araneda se hace visible no sólo en sus acciones sino también en los vínculos entre ese poder económico transnacional y la clase política local y provincial. Araneda es empleado del municipio en varias áreas al mismo tiempo, y hasta ha participado de operativos policiales en causas de interés municipal vestido con ropa de la fuerza. En sus redes sociales suele presumir de sus vínculos con la plana más importante del gabinete de Pogliano, así como de su militancia en el partido que comanda el gobernador Alberto Weretilneck.
El álbum de fotos de Araneda se completa, claro, con las imágenes con el propio Bruno Pogliano, en cuyas campañas ha participado activamente como parte de la estructura local de Juntos Somos Río Negro.
No hay que olvidar, en esta dirección, la relevancia del municipio cordillerano para el armado político del gobernador Weretilneck, a quien le presta ministros y diputados; el gobernador sostiene con El Bolsón una fuerte raíz afectiva por haber nacido y crecido en el pueblo.
La denuncia como herramienta democrática
“Hay mucha gente que tal vez no se anima por miedo, por lo engorroso que es todo el proceso judicial, por cómo funciona el sistema judicial argentino, entonces lleva a que no haya denuncias y lo que se necesita es denunciar”, sostiene Brigues, reflexionando sobre la posibilidad de que el Poder Judicial conceda el beneficio de juicio a prueba por falta de antecedentes. “Uno después puede hacer catarsis por las redes o en los medios, pero si no existe el hecho concreto… y bancarse todo lo que viene después, porque muchas veces quedas pataleando en el aire porque uno estima que va a haber tal o cual resultado y sin embargo el resultado es adverso. Entonces se pierde la posibilidad de reclamar, uno va perdiendo el ánimo, nadie quiere hacer un reclamo, pero en los hechos concretos la única herramienta que tenemos es hacer la denuncia. Durante los hechos que sucedieron en la comisaría, si hubiesen juntado las voluntades necesarias como para atestiguar y hacer la denuncia en fiscalía, bueno, ahí tendríamos otro agravante más”.
“Las causas no se cruzan, van por carriles individuales, no se pueden relacionar una con las otras, pero se le podría ir poniendo freno a este tipo de personajes que no es el solo, hay muchos más que los vemos ahí en la calle acompañándolo. Entonces vuelvo a repetir, si en el momento de que sucede tenemos la capacidad de registrar fotográficamente cosa de tener pruebas o filmar y después tener la voluntad de hacer la denuncia, bueno, me parece que esa es la herramienta válida aunque el Poder Judicial juegue en contra”.
Vale aclarar que en circunstancias como la de la comisaría de El Bolsón, ante hechos de público conocimiento y con cientos de imágenes fijas y filmaciones recorriendo los medios de comunicación de todo el país, la Fiscalía podría haber actuado de oficio. No hacerlo allana el camino a la impunidad.
