Texto y fotos Gioia Claro
El Senado debate modificaciones estructurales en áreas clave: tierras rurales, manejo del fuego y desalojos. Es un giro copernicano en la concepción del derecho de propiedad. No es un paquete técnico de reformas sino un cambio de reglas sobre quién puede habitar, producir y permanecer en la tierra. Bajo la consigna de la “inviolabilidad de la propiedad privada”, el proyecto impulsado por el Ejecutivo nacional reconfigura el vínculo entre Estado, mercado y derechos, con efectos concretos sobre territorios rurales y áreas afectadas por incendios.
Un conjunto de reformas que, lejos de ser aisladas, comparten una misma dirección: separar la propiedad de su función social y fortalecer su carácter absoluto. La iniciativa, impulsada desde el Ejecutivo como parte de la hoja de ruta del Consejo de Mayo, interviene en tres dimensiones sensibles — tierras rurales, manejo del fuego y desalojos— y plantea un escenario en el que la seguridad jurídica deja de ser un principio general para convertirse en una herramienta que ordena quién accede a la tierra y quién puede ser desplazado.
Ya con dictamen de Comisión favorable (orden del día Nº 104 20/5/2026) el Ejecutivo busca alcanzar la aprobación en la Cámara alta, en el marco de la inestabilidad política de las últimas semanas.
Tierras rurales: Una modificación para atraer capitales extranjeros
Definitivamente se reescribe la Ley 26.737 de Tierras Rurales. Hasta ahora, para personas físicas y jurídicas extranjeras existe un tope a la apropiación del 15% jurisdiccional y de 1.000 hectáreas en zonas núcleo (de alto valor productivo). También se prohíbe la titularidad o posesión extranjera de tierras que contengan o sean ribereñas de cuerpos de agua o que estén ubicadas en zonas de seguridad de frontera (aunque existan casos como el de Lago Escondido, donde las leyes parecen no aplicarse).
La reforma propuesta libera totalmente los límites para la compra de tierras para los privados extranjeros y habilita el dominio de tierras para “entes gubernamentales extranjeros”, quienes podrán ser titulares de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional “en los casos en los que la operación no constituya un riesgo a la seguridad, defensa y soberanía nacional”.
Se quita la prohibición de la adquisición de inmuebles rurales ubicados en zonas de seguridad de frontera por parte de privados extranjeros. Esta prohibición solo queda para Estados extranjeros o personas jurídicas argentinas o extranjeras con alguna participación de Estados extranjeros, aunque deja abierta la posibilidad de que cada provincia decida.
Esto abre la puerta a una mayor concentración y extranjerización de tierras consideradas “estratégicas” como las vinculadas al petróleo, la minería, los glaciares, las nacientes de los ríos, etc.
La flexibilización de los límites no es neutra: redefine quién puede acceder y concentrar tierra en la Argentina. Bajo el argumento de atraer inversiones, se diluyen restricciones que habían sido pensadas para resguardar espacios vitales, abriendo un escenario donde la escala del capital vuelve a imponerse sobre cualquier criterio de arraigo o soberanía territorial. Estas medidas vienen a reforzar y complementar el retroceso normativo en materia ambiental que viene sosteniendo el gobierno con la modificación de la Ley de Glaciares y el RIGI que en definitiva vienen a flexibilizar y habilitar la apropiación de los territorios y bienes naturales.
Para Matías Oberlin Molina, del Observatorio de Tierras, “la privatización absoluta de los bienes comunes implica la privación del acceso a los mismos por el conjunto de los habitantes del territorio. En ese marco debe entenderse este proyecto como una continuidad de la derogación de la Ley 26.160 que obligaba al Estado a terminar el relevamiento de los pueblos originarios de nuestro país. Los artículos que buscan brindar celeridad a los desalojos, están destinados a continuar un proceso de criminalización de las comunidades indígenas”.
El segundo aspecto crítico de este proyecto es la cuestión de la extranjerización. “La ley de tierras nunca estuvo dirigida a impedir el acceso de quienes de buena voluntad vienen a habitar y a trabajar nuestro suelo”, explica Oberlin Molina. “Está dirigida precisamente a restringir lo segundo, el control desde el exterior de nuestros territorios. Según los datos del propio Registro Nacional de Tierras Rurales, más de 13 millones de hectáreas en Argentina están actualmente en manos extranjeras, (cerca del 5% del territorio nacional) y estos son datos oficiales, pedidos en un expediente al Registro Nacional de Tierras Rurales.”
En este sentido, desde el Observatorio de Tierras afirmaron que este proyecto “liberaliza la compra de tierras incluso en zonas estratégicas desde el punto de vista ambiental, productivo, de defensa y geopolítico. Hablamos de tierras de frontera, con acceso a vías navegables, en zonas de glaciares y periglaciares, con potencialidades mineras y con acceso a fuentes de agua dulce como ríos y como lagos. No estamos hablando de cualquier tierra, estamos hablando de espacios claves en términos de soberanía y de recursos.” Una mercantilización total del territorio.
Fuego y uso del suelo
El proyecto también busca eliminar las restricciones para cambiar el uso del suelo tras los incendios, derogando y alivianando artículos que actualmente prohíben por 30 a 60 años el cambio de uso del suelo, fraccionamiento y venta en áreas incendiadas ya sean zonas rurales o bosques nativos.
En el caso de tierras rurales, con la modificación propuesta, queda liberado el cambio de uso, loteo, fraccionamiento etc. Para el caso de bosques nativos, queda prohibido el cambio de uso de suelo tras incendios, sin embargo, la venta, fraccionamiento, loteo, etc, de bosques incendiados queda habilitada por omisión, regulada únicamente por el ordenamiento territorial local (que en muchas provincias y localidades no existe o está desactualizado).
En contra del principio de no regresividad consagrado en la ley general de ambiente 24.675, se vuelve a abrir la posibilidad de urbanizar, forestar o desarrollar proyectos productivos en zonas quemadas. Esto puede incentivar incendios intencionales.
De ser así, entraría en conflicto con otras leyes como la de Protección de Bosques Nativos. Para evitar esto, el Consejo de Mayo ya prevé la modificación de la Ley de Bosques, reduciendo las áreas “intangibles” y liberando el desmonte en zonas hasta ahora protegidas, según explicita el informe final del Consejo de Mayo, documento que reúne gran parte de los proyectos que el ejecutivo busca aprobar este año.
Habilitar la circulación y el cambio de uso del suelo en áreas incendiadas no es solo una modificación técnica: allí donde antes había límites para desalentar la especulación, ahora se abre un margen que puede volver rentable lo que hasta hace poco estaba restringido, en un contexto donde los incendios ya son un problema estructural.
Desalojos express
La propuesta establece modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial, habilitando procedimientos “sumarísimos” de desalojo y un uso ampliado de la fuerza pública cuando se trate de “intrusos” o “usurpadores”. Establece un plazo de 10 días si existen personas vulnerables (niños, adultos mayores o personas con discapacidad), y un plazo igual en casos de inquilinos morosos. Esto debilita la protección de la vivienda y acelera las expulsiones dejando aún más vulnerables a las comunidades indígenas que aún no cuentan con la titularidad comunitaria de sus territorios y a las familias que alquilan y que hoy padecen una desregulación total ante la ausencia de la ley de inquilinos.
El punto más sensible es que el juez puede ordenar el desalojo inmediato, incluso antes de una sentencia, ampliándose las facultades del oficial notificador, que podrá: allanar domicilios, usar fuerza pública, exigir documentos y fijar cédulas en puertas.
La aceleración de los procedimientos no solo acorta plazos judiciales: redefine el equilibrio entre propiedad y derecho a la vivienda. Con menos instancias de defensa y mayor intervención de la fuerza pública, el desalojo deja de ser la última instancia para convertirse en una herramienta más disponible, especialmente en un mercado inmobiliario cada vez más inestable.
Gervasio Muñoz, referente de Inquilinos agrupados, alerta sobre los procedimientos de desalojos planteados y la situación actual:
“Lo que aparece en este proyecto de ley ya apareció en noviembre del 2001, cuando Federico Sturzenegger también era funcionario del gobierno de De la Rúa. Un mes antes del estallido social de diciembre del 2001, De la Rúa manda un proyecto de ley al Congreso para acelerar el proceso de desalojo. (…) Hace poquitos días Sturzenegger volvió a estar acá para modificar ese artículo que él modificó en noviembre del 2001 para hacerlo aún más violento, para desalojar con mucha más crueldad.”
Cuando asumió Milei en 2023, mediante el decreto 7023 derogó por completo la ley de alquileres, quedando como el único país del mundo que no tiene piso de derechos para alquilar vivienda. Desde entonces los alquileres, según el INDEC, aumentaron 460%.
“El proyecto dice que si te atrasás con el pago del alquiler, te desalojan de inmediato. ¿Cómo harán para juntar el dinero antes del día 5 si cobran los salarios en cuotas? ¿Cómo va a hacer la gente víctima del plan económico, de los despidos, de los salarios en cuotas, para poder pagar los alquileres?”
Desequilibrar la vida
El proyecto representa una de las reformas más amplias en materia de propiedad, vivienda, tierras y ambiente de los últimos años. Indudablemente responde a la tan mentada “seguridad jurídica” y la “inviolabilidad de la propiedad privada”. Dos extremos requeridos para facilitar la entrada de capitales extranjeros que exigen reducir derechos, debilitar controles estatales, facilitar procesos de desalojo, concentración de tierras y cambios de uso del suelo tras incendios. Es una reforma que redefine el equilibrio entre Estado, mercado y derechos sociales.
En el Senado ya se está reconfigurando el régimen de expropiaciones, acelerando desalojos, flexibilizando la extranjerización de tierras rurales, habilitando cambios de uso del suelo tras incendios y desnaturalizando la función social de la vivienda. El debate no es técnico, es político. Y es profundo.
Jaime Sorín, arquitecto e investigador UBA, reflexionando sobre el paquete en general y concluye: “Acá no hay un solo artículo en el cual esté la defensa de aquel sector que necesita la acción del Estado para no quedar absolutamente inerme, indefenso y en la calle.”
