por Fabricio Cardelli
La imponente playa El Pedral, dentro de un área natural protegida en la zona de Punta Ninfas, se transformó en otro sector costero que el gobierno de Chubut cerró a pedido de un estanciero privado. En línea con el modelo provincial de privatizar la conservación de fauna silvestre costera, el gobernador Torres le otorgó la exclusividad de El Pedral a la familia Stocker, dueña de una estancia convertida en hotel rural para un público alta gama (770 dólares la noche). Un agravante: el decreto 558/2025 que firmó Torres es “secreto”, no fue publicado en el boletín oficial. Y un antecedente cercano: Bahía Cracker, también en el Golfo Nuevo, que la Corte Suprema ordenó reabrir.
“Nadie que vaya de forma particular podrá entrar: la tranquera está cerrada con candado y por orden del gobernador. Consagra la idea de una privatización de la costa”, afirmó el abogado Gómez Lozano, presidente de una asociación civil por el acceso público a las playas, quien afirma que Torres “está mal asesorado” por una consultora. ¿Cuál es la relación con la ONG Global Penguin Society?
Además de la documentación, desde Sur Arriba viajamos hasta el ingreso de El Pedral para probarlo: el acceso está cerrado. Costa y fauna de Chubut, ¿para qué y para quiénes? Una investigación para abrir el candado.
Rodeado de la árida estepa patagónica, sobre ruta provincial n° 5 a una hora y cuarto de Puerto Madryn, el camino para acceder a la playa, cerrado. Tranquera, candado, cadenas, cartel: “El Pedral – Propiedad Privada – GPS (Global Penguin Society)”.
Mediante el decreto “secreto” 558/2025, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, cerró el acceso público a la playa El Pedral, que se convirtió así en un pedazo de costa atlántica privada para uso exclusivo de un estanciero, la familia Stocker.
Los dueños de esta histórica estancia de la Patagonia convertida en los 90’ en hotel rural promocionan la experiencia premium en su web y en medios porteños: se puede disfrutar de excepcionales vistas al golfo, trekking en cañadones, todo en compañía de la colonia de pingüinos de Magallanes, cormoranes, lobos y elefantes marinos… claro, si tenés 770 dólares para pagar la noche (casi 1.200.000 pesos) y un vehículo en condiciones para llegar. ¿Y si no? Los dueños de la estancia se reservan el derecho de admisión a la playa.
“Esto sirve para consagrar la idea (del gobierno) de una privatización de la costa”, analizó el abogado Daniel Gómez Lozano, presidente de la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas, de Puerto Madryn, en entrevista con Sur Arriba. “Quien entre a El Pedral solamente va a ser un huésped del hotel, como quien vaya y mire los pingüinos y quiera pescar o disfrutar de la costa. Que un hotel se instale, reciba huéspedes, y que tenga servicios diferenciados está bien. Lo que está mal es que a todos los ciudadanos de Chubut se les impida el acceso a la costa, que es un bien público”.
El decreto “secreto” del gobernador Torres
La playa El Pedral, sobre el Golfo Nuevo próximo a Punta Ninfas, está en una zona turística agreste y exclusiva que complementa el circuito turístico de Península Valdés y es visitada por su variada y excepcional fauna patagónica y paisajes. Junto con la lindante Bahía Cracker, área de pesca artesanal, que es “un modo de vida”, según la web del gobierno de Chubut. En agosto de 2024, el mismo gobierno que ahora cerró el acceso público a esta playa, había autorizado la creación de El Pedral como “Refugio de Vida Silvestre” mediante la disposición 133/2024 del ministerio de Producción.
La clave del documento (que lleva la firma del Director de Flora y Fauna Silvestre, Fernando Bersano) está en el artículo 11: “La declaración del Refugio de Vida Silvestre en El Pedral no impide ni restringe el libre acceso a las playas de dominio y uso público. Cualquier acción que sea grave y/o contraria a los fines de la declaración del ‘Refugio de Vida Silvestre’ será plausible de sanción o desafección del programa…”.
Esta disposición, específicamente el artículo 11, fue explícitamente dejado sin vigencia por el decreto “secreto” que firmó el gobernador Torres para favorecer al estanciero Stocker, al que Sur Arriba accedió y que publicamos a continuación.
Textual del decreto 558/2025: “…el artículo 11 de la disposición 133/2024 – DFyFS, al establecer un acceso a las playas sin restricción genera una contradicción con el mismo plan de manejo…”; “…deberá suprimirse el artículo 11 en su totalidad”. Firma: “Lic. Ignacio Agustín Torres, gobernador de la provincia de Chubut”. La disposición que quedó sin efecto tras la firma del decreto del gobernador se basa en la Ley XVII N°8, que declara de interés público la pesca y caza submarina, y que específicamente prohíbe a particulares “obstruir un camino de acceso a riberas” (art. n° 5).
“Fuimos notificados oficialmente mediante el club de pesca de Trelew. Esto disparó las alarmas de todos porque no pensamos que el gobernador estuviera tan mal asesorado para firmar un decreto para cerrar el ingreso a una playa”, relató Gómez Lozano. Y agregó: “nos llamó la atención que el decreto no fuera publicado en el Boletín Oficial, pero también nos llamó la atención un montón de normas que no están siendo publicadas en este momento. Y que va a traer complicaciones”.
En la práctica y en la legislación, cerrar el acceso a El Pedral viola una ley votada por la Legislatura provincial y un decreto del PE, que prevé sanciones a quien lo haga. Entonces, ¿sancionará el gobierno de Chubut al gobernador Ignacio Torres?
Antecedente: Bahía Cracker y un fallo de la Corte Suprema
A escasos kilómetros de El Pedral por la misma ruta 5, se encuentra la playa Bahía Cracker, igualmente frecuentada por pescadores artesanales, locales y turistas. En junio de 2024, el gobierno de Chubut también había autorizado el cierre del acceso público a esta playa, tras la firma de un convenio entre la Secretaría de Pesca y la estancia Bahía Cracker SRL (formalizada por la disposición 186/2024).
Se logró revertir en la justicia y abrir la tranquera en parte por el trabajo de la Asociación Civil Libre Acceso a las Playas. “Con los clubes de pesca y pescadores artesanales planteamos una acción de amparo para abrir la playa de Bahía Cracker: ganamos el amparo y con una decisión del Superior Tribunal de Justicia se decidió abrir Bahía Cracker, que está al lado de El Pedral”, resumió Gómez Lozano.
Uno de los abogados que presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema en representación de Estancia Bahía Cracker SRL para que el ingreso permaneciera cerrado es José Alberto Esain, que se presenta como especialista en derecho ambiental. Esain, quien recibió un revés del máximo tribunal de justicia nacional al rechazar su pedido y así ordenar reabrir el acceso público a Bahía Cracker, comparte otra característica con el cierre de El Pedral: es uno de los representantes legales de la Global Penguin Society, presente en el cartel que antecede a esta otra tranquera cerrada de la costa chubutense.
Asesoría GPS: modelo Chubut
Volvamos a la tranquera encadenada del ingreso a la playa pública El Pedral. Al lado, el cartel con pingüinitos que remarca, como si quedaran dudas, que es “Propiedad Privada”. Pero vale detenerse en el logo, no el de la UNESCO (el de la forma de templo griego) sino a la derecha arriba: “GPS”. Son las iniciales de la ONG Global Penguin Society.
Fundada en 2009 y con base en Madryn, GPS se dedica a la conservación de pingüinos de Magallanes y brinda asistencia técnica e insumos para planes de manejo de Áreas Naturales Protegidas de Chubut. Esta ONG se financia -según la IA de Google- “vía fondos internacionales (Rolex, National Geographic, Disney), donaciones particulares vía la Wildlife Conservation Network (WCN), y premios otorgados a su fundador”. Su fundador es el biólogo Pablo “Popi” García Borboroglu, quien, por ejemplo, fue galardonado con el “Nobel de la Conservación Animal” (Indianapolis Prize 2023) con 250 mil dólares en efectivo. La cifra de donaciones anuales reportada por GPS ronda los 600 mil dólares.
Más allá de los miles de dólares, la figura de Borboroglu fue enaltecida a niveles heroicos durante el caso “Masacre de pingüinos / Ecocidio de Punta Tombo” (2024). En esta causa se construyó una narrativa sólida que compraron medios locales, nacionales y algunas agencias internacionales y se sentenció antes que el juez, con el impulso de una escena dantesca: una topadora manejada por el dueño de un campo en disputa familiar que pasó por arriba de cientos de indefensos pingüinos. ¿Quién fue, no sólo testigo clave sino perito en el juicio? García Borboroglu.
Con National Geographic, GreenPeace, Fundación Patagonia Natural y la Asociación de Abogados Ambientalistas en la querella (representada por el prestigioso abogado en DDHH Eduardo Hualpa), con la investigación de la fiscal Florencia Gómez y el apoyo público del gobernador Ignacio Torres, no hubo grietas. El dueño del campo, Ricardo La Regina, fue condenado por daño ambiental y “ecocidio”. Y el fallo, festejado puño en alto, toda una expresión de unidad.
Pero el archivo trajo dudas del relato oficial. Como el archivo de la fiscal Gómez, figura de la justicia provincial clave para enjuiciar a defensores del ambiente durante las protestas contra la megaminería de diciembre de 2021 y a su vez responsable de cajonear las denuncias por la represión feroz desatada a posteriori, aún impune. Por su trabajo fue premiada con la Unidad Fiscal Especializada en Ambiente. “Este juicio es un pedido del gobernador Torres”, afirmó en la previa del fallo, según averiguó este cronista.
Y tras indagar, aparecieron otras voces, silenciadas o que por temor no se alzan, pero que ayudaron a entender el panorama completo. La otra crónica de aquel juicio fue publicada con el título “Pingüinos de Humo”, porque el fallo probó la muerte de un par de pingüinos y la destrucción de sus nidos -hecho suficiente para condenar al responsable-, pero distante de la “masacre” instalada en los medios. Entre la evidencia judicial y el impacto mediático internacional hay cientos de cuerpos de diferencia ¿A quién no sensibiliza una noticia que tiene como póster la masacre de cientos de pingüinos? ¿A quién le importa la verdad?
La conservación, el caballo de Troya de la privatización
El tema está en el modelo de la conservación: la ciencia del territorio vs la ciencia del lobby. Un punto central: en 2020, el pingüino de Magallanes fue recategorizado de “Cercano a la Amenaza” (Near Threatened) a “Preocupación Menor” (Least Concern). Así, al “desplomarse” la categoría de riesgo, también se caen los financiamientos para hacer conservación. Con la topadora, los pingüinos ya no solo están amenazados por la emergencia climática: ahora el peligro es la presencia humana en tierra. ¿Importan los pingüinos o solo el flujo de capitales que mueven los pingüinos?
Volviendo a la conexión con El Pedral, la pista está en el decreto secreto 558/2025 firmado por Torres: “…(el) acompañamiento (al estanciero Stocker), que responde a una finalidad de conservación de la fauna”. Paradójicamente, la conservación es justamente la máquina de dólares de la Global Penguin Society que encabeza Borboroglu, que asesora en materia ambiental al gobernador Torres, mientras avanza en el cierre de playas públicas, como ocurrió en Bahía Cracker y ahora, con El Pedral.
“Es una playa más que se cierra, es una pena para todos. Hay una tendencia a privatizar el espacio público. Esta tendencia viene acompañada por una consultora que tiene un gran predicamento dentro de la burocracia de Chubut”, alertó el ya citado Gómez Lozano. “El gobernador está mal asesorado por esta consultora y por este grupo burocrático, inamovible a pesar de los ministros que van cambiando”.
El Estanciero, modelo privatizador de la costa chubutense con disfraz de pingüino.
