Texto: Gioia Claro.
Entrevista: Sur Arriba y Territorios en resistencia – FM Alas
Hace más de 20 años que Virginia Aparicio investiga alrededor de una pregunta: qué ocurre cuando los agroquímicos/plaguicidas son liberados al ambiente, cómo se desplazan, dónde permanecen, quiénes quedan expuestos y qué consecuencias pueden derivarse de esas exposiciones.
Empezó por el suelo y el agua, en un INTA (Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria) con financiamiento favorable. Aun así, nos cuenta, ya entonces notó el conflicto que provocaba el tema: “Pude darme cuenta de la tensión que genera este tipo de investigaciones, aunque sólo estuviese trabajando con suelos”.
Su trabajo fue sustento científico utilizado en instancias judiciales por las familias de Pergamino y otros pueblos fumigados que denuncian hace años los daños provocados en la salud y el ambiente.
Ingeniera agrónoma, Doctora en Ciencias Agrarias e investigadora del Conicet y el INTA donde desarrolla su trabajo en la Estación Experimental Balcarce, hoy es víctima de un proceso interno que pretende silenciar los resultados de su trabajo y dejarla afuera por completo del INTA y de todo el sector público nacional. Una medida extrema, que se suma al vaciamiento generalizado de las áreas científico – técnicas públicas como política de Estado.
El Proyecto SPRINT
En 2020 Aparicio se incorporó a través del INTA en el proyecto SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition: A Global Health Approach) de la Unión Europea, una investigación internacional de la que participaron varias universidades y organismos europeos, que buscó determinar qué y cuántos residuos de plaguicidas podían encontrarse en el ambiente, los alimentos, los animales y las personas. La siguiente instancia del proyecto proponía trabajar junto a productores en prácticas que permitieran reducir impactos y dependencia de determinados insumos. Esta última etapa nunca pudo realizarse en Argentina, único país por fuera de la UE que participó del proyecto.
En 2021 se puso en marcha el trabajo de campo en 11 países, 10 europeos más Argentina. En ese momento, el INTA apoyaba y visibilizaba el trabajo de Virginia. La primera etapa consistió en buscar 209 plaguicidas en diferentes matrices ambientales, animales, vegetales y humanas de participantes pertenecientes a los once países.
En Argentina se sumaron 73 personas provenientes de ciudades, pequeñas localidades y establecimientos agropecuarios de la provincia de Buenos Aires, incluyendo productores convencionales y agroecológicos y vecinos cercanos pero también alejados de los espacios productivos.
Todas las muestras tomadas en cada sitio representativo de estudios de caso, realizadas a personas, plantas, agua, suelo, mascotas, animales con destino a producción y fauna silvestre han sido remitidas a laboratorios europeos participantes del consorcio Sprint, respetando el código bioético de muestreo, extracción, acondicionamiento y confidencialidad requerido para llevar a cabo este tipo de estudios.
Plaguicidas en todas las muestras
El total (100%) de participantes argentinos “presentó un rango de 6 a 13 plaguicidas en orina, un rango de 2 a 10 plaguicidas en sangre y un rango de 0 a 18 plaguicidas en materia fecal”.
“Lo que pudimos ver con claridad es que en todas las muestras, argentinas y europeas, aparecen los plaguicidas en forma combinada.(…)
Nosotros pensábamos realmente como hipótesis que, por ejemplo, si una persona en Mar del Plata tenía plaguicidas en el polvo de su casa, de barrido, o en su sangre, iba a estar más vinculada al control de una plaga de su mascota, por ejemplo. Pero no, hubo plaguicidas de uso agropecuario exclusivo.
Había herbicidas en todas las casas, en todo el polvo de barrido de las casas, en todas las pulseras, aunque no estuvieran viviendo cerca del campo.” Virginia Aparicio.
Medir la presencia de un compuesto no significa automáticamente demostrar un daño sobre la salud pero sin esa información, tampoco existe forma de conocer la exposición, evaluar los riesgos y rever prácticas productivas.
“No es lo mismo estar expuesto solo a glifosato que estar expuesto a un combo. No sabemos si se sinergiza, si se potencia, si se generan enfermedades más rápido o no. Todo eso es una gran pregunta científica a nivel mundial (…)
Como la ciencia todavía no está clara de qué producen las mezclas, y nosotros tenemos una excelente ley de principio precautorio incluido, tenemos que tener claro cómo podemos manejar esa información de manera tal de que la gente no se vea expuesta a cosas que no sabemos qué nos van a hacer.”
Cada país tiene más o menos abierta la puerta al uso de agroquímicos. Aún con el principio precautorio vigente, en los resultados del estudio realizado por el SPRINT y firmado por Aparicio, se encontró la presencia de herbicidas como la atrazina en las pulseras que colocaron a los participantes, que aparece como “NO APROBADA” por la Unión Europea, pero en Argentina aún se encuentra vigente su licencia.
Del apoyo institucional a la prohibición
Sin embargo, cuando comenzaron a conocerse los primeros resultados, la relación entre el INTA y el SPRINT comenzó a quebrarse.
En junio de 2023, las autoridades del INTA (en ese momento el Presidente Mariano Garmendia, la vice Nacira Belén Muñoz, y el Director nacional Carlos Parera) le prohibieron a Aparicio dar a conocer el resultado de sus mediciones argumentando que “posiblemente algunos procedimientos respecto a los estudios que involucran a personas han excedido la incumbencia institucional” y en diciembre del mismo año, a pocos días de terminar su gestión, el Presidente del INTA Mariano Garmendia, decidió discontinuar definitivamente su participación en el SPRINT (resolución 1081/2023).
“Lo que me dicen oficialmente es que no puedo tener la reunión y que no puedo seguir hablando del proyecto y que no puedo seguir trabajando dentro del proyecto ni con los productores, no puedo. Eso es lo oficial.
Lo extraoficial salió en un periódico cuando la red Calisas interpela al presidente de turno del INTA, él dice, bueno, participar de ese proyecto pudo haber sido un error porque capaz que no analizaron la dimensión política que tenía. Entonces podría con esos resultados afectar mercados, pero eso es en el terreno de la especulación. Porque es muy ignorante pensar que si nosotros somos un país que exporta commodities, el comprador no los va a analizar.
Que yo esté con un grupo, una red de investigadores, investigando qué es lo que nos pasa para buscar las soluciones no es sinónimo de que se nos van a cerrar los mercados. Es una locura este planteo.Y además hay un problema que para mí es peor todavía. Porque el mercado se nos podría cerrar. Pero qué pasa con lo que nosotros comemos. Todo lo que no se vende afuera, se vuelca al mercado interno. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo el Estado nos protege de esa manera? ¿Cómo vamos a poder pensar en mejorar la calidad de nuestros alimentos si no podemos contar con la información que necesitamos?”
El sumario y el pedido de exoneración
Desde comienzos de 2025 Aparicio enfrenta un sumario administrativo vinculado con su participación como coordinadora argentina del proyecto SPRINT.
“Hubo una acusación más que una investigación. Una acusación y directamente la sumariante (Rocío Marturano) en su informe preliminar pide mi exoneración, la ratifica en el informe final y después la confirma el tratamiento que le da el Consejo Directivo en la reunión de agosto de este año.
Los motivos están dentro de las imputaciones que todavía, como no estoy notificada formalmente, porque esto trascendió por informes que encuentra el gremio APINTA y que confirma con uno de los que estuvieron en la reunión del Consejo Directivo, no se pueden puntualizar.
Pero son motivos como que en mi caso afecté a la administración pública en forma económica. Yo tengo las pruebas de que no es así.
Primero porque el proyecto fue financiado por Europa, entra el dinero en las cuentas de INTA y se administra desde INTA pero lo paga Europa y el INTA solamente me pagó el sueldo. No hay un desfalco económico, un perjuicio para el Estado en eso. Todo lo contrario. Estamos intentando construir no perjuicios, sino beneficios. Es impresionante cómo se da vuelta todo.”
La actual conducción política del INTA, (liderada por Nicolás Bronzovich -presidente- y Carlos Alberto Antonio Vera -vice-, y Ariel Julián Pereda como director nacional) propone para Aparicio directamente la “exoneración”, la sanción más grave dentro de la administración pública nacional, que establece la inhabilitación total para volver a ingresar a organismos del Estado nacional.
A pesar de la repercusión social y mediática del caso, no se han pronunciado públicamente.
Nicolás Bronzovich fue designado Presidente del INTA por Javier Milei y Luis Caputo a través del Decreto 988/24. Es además miembro de la Asociación Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid) y de la Sociedad Rural de Balcarce, asociaciones del agronegocio que fomentan y defienden el uso de productos como el glisfosato.
Por su parte, la Asociación de Profesionales del INTA (APINTA) y la Asociación Trabajadores del Estado (ATE-INTA) denuncian que bajo su gestión se desarrolla un plan de “desguace, vaciamiento y privatización” de la institución.
Apoyos y pronunciamiento público
La comunidad científica, el gremio APINTA, ATE y diversas organizaciones, colectivos e instituciones expresaron su apoyo a Virginia Aparicio y están sumando visibilidad y acompañamiento a través de un pronunciamiento público en contra de su exoneración y “En defensa de la ciencia pública y de la libertad de investigar” y convocaron para el martes 6 de octubre una jornada de lucha y conferencia de prensa en las Puertas de la Catedral de Mar del Plata donde se expondrán los resultados del SPRINT.
“Veo maravillada un montón de apoyo, de discusión del tema no solo mediático sino también dentro de los consejos académicos de varias universidades dentro de algunos bloques de distintos colores políticos.
No se puede tapar el sol con un dedo. Por más que lo intenten… Una medida tan dramática solamente hizo explotar el tema.”
Qué ciencia queremos
El caso de Virginia Aparicio va mucho más allá de la arbitrariedad de un sumario administrativo y la gravedad de un pedido de exoneración (apartamiento total y perpetuo). Pone sobre la mesa un debate incómodo pero imprescindible sobre la autonomía de la ciencia estatal y el derecho de la ciudadanía a saber qué sustancias circulan en el ambiente, en los alimentos y en los propios cuerpos. Cuando la medición objetiva de plaguicidas se percibe como una amenaza para los mercados agroexportadores en lugar de una herramienta para corregir prácticas productivas, la función social del Estado queda severamente distorsionada.
El daño más profundo de semejante sanción no se agota en la expulsión de una investigadora de trayectoria, sino en el efecto amedrentador que proyecta hacia el futuro de la comunidad científica. Como advierte la propia Aparicio: “Lo grave para mí es ver cómo científicos más jóvenes van a correrse de temas que son altamente demandados pero muy tensos porque yo no puedo convencer a ninguna de mis tesistas de seguir con esta temática. Eso para mí es el daño más grosero, más impresionante de lo que ocurre”.
Silenciar la investigación no hace desaparecer los plaguicidas del suelo, del agua ni de la sangre. Defender la libertad de investigar no es un privilegio corporativo de la comunidad científica, sino un pilar básico para garantizar la salud pública, la transparencia institucional y la soberanía ambiental del país.
“Y si no levantamos la voz y no hablamos de ciencia digna, responsable, libre, financiada de forma correcta, entonces ¿qué estamos haciendo?”
Virginia Aparicio
Las fotografías de Pablo Piovano pertenecen a su trabajo “El costo humano de los agrotóxicos”
Podés escuchar la entrevista completa a Virginia Aparicio realizada por Gioia Claro y Nora Corvalán en el programa Territorios en Resistencia, de FM Alas 89.1 El Bolsón.
